|
CD. DE MÉXICO.- Diversas organizaciones civiles solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que se conden al Estado mexicano por "negar el acceso efectivo y apropiado a la justicia" a las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, presuntamente violadas por militares en 2002.
"No debe dejar de escandalizarnos que la única alternativa de justicia para este caso esté fuera de México, en un sistema excepcional al que se acude cuando los recursos internos del Estado se agotan", señaló el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera.
En febrero de 2002 Valentina Rosendo fue supuestamente amenazada y violada por soldados tras explicar que desconocía las actividades de "hombres encapuchados" sobre las que había sido interrogada.
Un mes más tarde, un grupo de militares entró por la fuerza en el domicilio de Inés Fernández, a quien presuntamente también agredieron sexualmente, tras apuntarle con un arma y acusarla del robo de los trozos de carne que secaba en su patio. La indígena no habla español.
Hasta hoy ningún responsable ha sido aún sancionado ni encarcelado por ninguno de los dos casos, a pesar de que cuatro militares, dos cabos y dos soldados rasos cuyos nombres no han trascendido, fuesen identificados por Inés Fernández como responsables de su violación.
Las dos mujeres denunciaron lo ocurrido y, en ambos casos, los titulares del Ministerio Público encargados de juzgarlos se declararon incompetentes y los remitieron a tribunales militares, una situación que, según Abel Barrera, de la asociación Tlachinollan, se da "de forma sistemática".
El fuero militar, coincidieron los representantes de las organizaciones, "ha servido para encubrir" éstos y otros actos delictivos "cometidos por elementos del Ejército mexicano".
Rosendo y Fernández acudieron en 2003 y 2004, respectivamente, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que admitió sus procesos.
Desde entonces, aseguró Obtilia Manuel, de Pueblo Indígena Me'Phaa, las agresiones contra las dos indígenas y sus familias se ha intensificado, lo que ha llevado a la CorteIDH a interponer medidas provisionales para proporcionarles protección.
El hermano de Inés Fernández apareció muerto con supuestos signos de tortura en 2008, explicó la activista, que relató que ella misma tuvo que abandonar Guerrero, de donde procede, tras recibir varias amenazas que responden, dijo, "a la intención del Estado de amedrentar".
