Acusan a PGJE de liberar a asesino

Monterrey.- La American Federation Labor (AFL-CIO) acusó al Gobierno de Sonora de liberar de manera irregular al presunto cómplice del asesinato del defensor de inmigrantes indocumentados, Santiago Rafael Cruz, ocurrido el pasado 8 de abril, y pidió al presidente Felipe Calderón que el gobierno federal atraiga la investigación.

La organización estadounidense reveló que el pasado 17 de noviembre, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a Eduardo Rodríguez Cervantes --acusado de complicidad en el homicidio de Santiago Rafael Cruz--, cuando intentaba ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense por la ruta de San Luis, Arizona.

De acuerdo con la AFL-CIO, las autoridades migratorias de Estados Unidos entregaron a Rodríguez Cervantes al Gobierno de Sonora, mismo que, en función de un acuerdo de colaboración entre procuradurías estatales, dio aviso a su contraparte de Nuevo León. Sin embargo, el presunto homicida fue inexplicablemente liberado un día después.

El 20 de noviembre, la oficina del procurador de Nuevo León, Luis Carlos Treviño, informó que la Policía Ministerial tenía plenamente identificado al sospechoso. Aseguró también que lo tenía bajo vigilancia y que su captura procedería en cuento se tuviera lista la documentación respectiva.

Ben Davis, director en México de la AFL-CIO, insistió en que el gobierno de Felipe Calderón, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), atraiga la investigación sobre el homicidio del activista.

Apro publicó en mayo de este año los pormenores del homicidio de Santiago Rafael perpetrado en el interior de las oficinas de la Federation Labor Organizing Comittee (FLOC), en esta ciudad. Atado a una silla, amordazado y golpeado, el defensor de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, fue encontrado 19 horas después del crimen.

El presidente del FLOC, Baldemar Velásquez, se inconformó por el tratamiento que el gobierno de Nuevo León le estaba dando al caso, ya que en un primer momento, funcionarios de la Procuraduría de Justicia, difundieron la versión de que el móvil del homicidio era un robo con violencia, a pesar de que no faltaba ningún objeto de la oficina de la organización.

Santiago Rafael Cruz era un indocumentado que se dedicaba a defender derechos laborales de inmigrantes ilegales en Carolina del Norte; en febrero llegó a Monterrey, deportado, para trabajar en el FLOC.

Luego de la presión que ejercieron organizaciones como la AFL-CIO, el FLOC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León (CADHAC), Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría nuevoleonesa presentó, el 24 de mayo, a Jaime Martínez Amador, un "pollero" que confesó el crimen de Santiago Rafael Cruz; y acusó como su cómplice a Eduardo Rodríguez Cervantes. Ambos tienen antecedentes penales en Estados Unidos.

Baldemar Velásquez, se dijo preocupado por la liberación del presunto cómplice y conminó al presidente Felipe Calderón a que la PGR atraiga el caso, por la ineficacia de las autoridades de Nuevo León y Sonora, y por ser un caso de violación a los derechos humanos, admitido por la CIDH.
Tomado de agencia APRO.