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El que su institución educativa viva una situación económica crítica no es impedimento para que el rector y las altas autoridades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) viajen en avión privado.
La aeronave, propiedad de la UAT, es utilizada, entre otras cosas, para que el rector, José María Leal Gutiérrez, asista a las reuniones con sus homólogos en las que se analiza la forma de solucionar la crisis financiera por la que atraviesan la mayoría de las universidades del país por el pago de pensiones y jubilaciones para sus trabajadores.
Enrique Agüera Ibáñez, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), también suele viajar en aeronaves (avión o helicóptero, según la necesidad) rentadas. Funcionarios de la Rectoría BUAP lo reconocieron, luego de que se solicitó al rector —vía telefónica— su opinión acerca del pago por los servicios aéreos privados.
“No damos por descontado que los utilice, sin embargo, en este momento no tenemos los detalles de los viajes ni el monto que eso significa (dentro del presupuesto de la institución)”, respondieron los funcionarios.
De acuerdo con el estudio de Evaluación del Ahorro y Diagnóstico de los Resultados Obtenidos por las Reformas a los Beneficios que Otorgan a sus Trabajadores que elaboró el actuario Carlos Jorge Soto para la Secretaría de Educación Pública (SEP), la UAT se encuentra en una situación financiera “crítica”. El estudio apunta que la institución tiene un periodo de “suficiencia presupuestal” que le alcanza para hacer frente al pago de pensiones y jubilaciones hasta 2015.
La BUAP se encuentra, según el mismo estudio, en una situación financiera “muy crítica” y perderá la suficiencia presupuestal el próximo año.
La otra privatización
Desde 1997 en los Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación: México, Educación Superior, la primera evaluación que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo sobre el sistema universitario, ese organismo señaló que las universidades mexicanas no podían seguir viviendo solamente de los recursos que les otorgaban los gobiernos federal y estatales, por lo que recomendó buscar alternativas de financiamiento, entre las que incluyó profundizar las relaciones con los sectores económico y social.
A partir de entonces las instituciones establecieron una variedad de “empresas universitarias o consorcios” bajo los cuales administran ranchos, hospitales, fábricas, gasolineras, farmacias, centros culturales y hoteles.
Además, realizan sorteos y venden asesorías e investigaciones, todo con el propósito de acercar recursos adicionales desde la sociedad.
Los ingresos que las universidades suman de forma adicional a su subsidio van de entre 2% y 35%, de acuerdo con los reportes de la propia SEP.
En ese contexto, la BUAP construyó el Complejo Cultural Universitario (2008), sólo que académicos como Francisco Vélez Pliego han acusado al rector Enrique Agüera de realizar adjudicaciones directas por montos superiores a los permitidos en las licitaciones.
Al rector de la BUAP se le pidió aclarar por qué 38 millones 358 mil pesos se “adjudicaron de manera directa sin justificación” a proveedores de equipo de laboratorio, cómputo, y mobiliario.
Campañas electorales
A lo largo de la última década, diversos conflictos en las universidades han girado en torno al manejo de los recursos públicos y por ello la demanda creciente no es sólo por la transparencia, sino la rendición de cuentas.
Así lo demostró también el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cuando en 2006 alumnos y trabajadores disfrutaron de bailes, comidas, bebidas y premios en efectivo durante las campañas para elegir rector.
Meses después de ese proceso electoral Héctor Melesio Cuén, quien resultó electo, alertó sobre una “quiebra financiera” de la universidad, y aseguró que no había dinero para cerrar el año con el pago de aguinaldos y salarios.
Durante poco más de cuatro meses, estudiantes, trabajadores y profesores de la UAS fueron invitados a fiestas en los planteles universitarios, en las que se les ofrecieron festines con carnes asadas, cervezas, strippers y sexoservidoras. También, dinero en efectivo como premio en concursos de baile, canto y otras animaciones celebradas con las mejores bandas de la entidad, en el marco de las campañas electorales.
La Auditoría Superior de la Federación reportó (marzo de 2006) que se desconocía el destino de más de 4 millones 106 mil pesos de la partida asignada al fondo de “problemas estructurales” correspondientes al pago de jubilaciones, seguridad social y el reconocimiento de contratación de profesores.
